18/98
Promover la desobediencia civil, si es en el País Vasco, puede llevarle a uno a ser considerado un colaborador necesario con el terrorismo de ETA. Montar un periódico en el que se vierta una cierta ideología, también puede ser considerado colaboración con banda armada. Pertenecer a un entramado social de organizaciones independentistas, también, según la sentencia que se ha conocido en la Audiencia Nacional sobre el sumario 18/98, es ser de ETA. Casi todo ha resultado ser ETA, y así se explican las importantes condenas a la mayoría de los encausados en un juicio que, me permito la disidencia, no ha hecho precisamente justicia.No digo nada que no haya dicho en estos casi 10 años de proceso, en el que me he manifestado públicamente por más de un atropello (como el que se cometía contra el abogado Uruñuela, afortunadamente exculpado hace un año, en un momento en el que la lectura política permitía pensar que no todo iba a ser como es ahora). En los comentarios que leo por ahí, los periodistas hacen como que se sorprenden por la afirmación del sector abertzale de que este ha sido un juicio político. Qué hipocresía, pues bien se sabía que fue desde el principio así. Y el año pasado, cuando la tregua, hasta las conclusiones de la fiscalía parecían ir suavizando todo el mogollón que había creado la tesis de Garzón de que "todo es ETA".
Tampoco digo nada nuevo si vuelvo a afirmar mi completa afiliación a la no violencia y a seguir los cauces democráticos. Y mi repulsa a la inexcusable actitud que han mostrado sistemáticamente los abertzales ante la vulneración de los derechos humanos de quienes son amenazados por el terrorismo, mirando hacia otro lado unas veces, relativizando esas vulneraciones otras o, directamente, justificándolas dentro de un marco "de conflicto". No soy nacionalista, y tampoco nacionalista vasco. Nunca lo he sido, así que no tengo problema alguno en diferenciarme absolutamente de las ideologías que se mueven en ese sector social y político que, en parte, ahora resulta ser criminalizado. Y, por eso, tampoco tengo ningún problema en solidarizarme con el derecho a la libre expresión de un movimiento cuyos objetivos no comparto, cuyos mecanismos me parecen intrínsecamente erróneos y perniciosos para acabar con la violencia. Ya escribí hace años que se criminalizaba una opinión, un sentimiento... y me temo que esa conexión necesaria entre la violencia, lo ilegal, el terror y la muerte, con estos movimientos y sobre todo con las personas que han sido condenadas, no ha sido demostrada en este proceso.
Sin duda, en estos tiempos, esta condena política viene bien para los partidos que se juegan el gobierno en Madrid. Si de paso le añadimos dentro de unas semanas el comienzo de la ilegalización de ANV, tendremos el escenario preferido por el PSOE en el gobierno para afrontar unas elecciones en las que el tema vasco podría servir a su rival, el PP, para intentar el asalto al poder. De otra forma lo tienen difícil.
Por supuesto, ni he leído los mil folios de la sentencia ni tengo conocimiento para hacer un análisis, por lo que reconozco que mi posicionamiento es ideológico y responde más a una visión política de cómo se ha ido desarrollando todo el proceso. Imagino que ahora comenzará un procedimiento de recursos y demás, aunque igual que ahora su resolución dependerá de si llueve más o menos en lo político. Lo cierto es que desde hace casi 10 años ya se condenó a todos los procesados (incluso a los que fueron declarados no culpables... no lo olvidemos) porque la opinión pública dirigida desde Madrid -por ponerle un origen, ya saben a qué me refiero- ya había declarado la criminalización de todo el independentismo vasco, independientemente de que fuera o no criminal realmente. Desde hace años pedí, como otros, que se resolviera este macroproceso y que se aclararan las acusaciones, que se demostrara que era ilegal lo que hacían esas fundaciones, asociaciones, movimientos o asambleas, pero también empresas editoras...
Ahora todo está en papel jurídico. Pero por lo que leo en los análisis, nadie explica adecuadamente por qué estos grupos eran (son) ETA, qué vínculos necesarios tienen con el terrorismo. Quizá porque desde hace 10 años esos analistas siempre lo han dado por supuesto, y en cierto modo, la sentencia cierra el círculo. El problema es el fundamento de derecho, si realmente esto es así, y no una interpretación que venía ya creada desde que Garzón comenzó a actuar.
Finalmente, me preocupa el panorama que se presenta. Porque los que ya eran radicales se radicalizarán más. Esto no es responsabilidad más que de ellos, pero quienes utilizaban como argumento de su radicalidad que había una opresión del Estado Español contra Euskal Herria, tienen ahora con esa sentencia sin matices, que no parece separar el derecho a la libre expresión y la desobediencia civil y pacífica de la conexión con el crimen y el asesinato (al menos si uno es vasco), más madera para avivar su hoguera. Y quienes respetamos ese derecho de expresión sin compartir el contenido de lo expresado, siempre que se mueva por los cauces del derecho, yo al menos, me quedo un poco helado porque no puedo decirles que no, que se ha demostrado el delito, la colaboración necesaria con quienes torturan, extorsionan y matan. Salvo que, y lo agradecería, alguien pueda explicármelo mejor que esa magistrada que ayer leyó el resumen de la sentencia.